El presidente de la República, Rodrigo Chaves, aseguró hoy que por vía decreto, firmado junto con el Ministerio de Justicia y Paz, se obligará a que las personas privadas de libertad que estén afrontando condenas por delitos relacionados con crimen organizado, delitos contra la vida y delitos sexuales no podrán optar por el régimen de confianza o semi-institucional hasta que cumplan -por lo menos- la mitad de su condena.
Por medio de este decreto se reforma el Reglamento del Sistema Penitenciario Nacional y se endurecen las condiciones a los privados de libertad.
Durante la conferencia de prensa de hoy, Chaves aseguró que se ha dado una "alcahuetería":
Al darle beneficios a delincuentes condenados a altas penas de prisión que a los pocos años los vemos caminando por nuestras calles sin que se reinserten adecuadamente en la sociedad.
Yo creo en la reinserción y en los derechos humanos de TODOS los seres humanos. Pero no es que tengamos que descuidar los derechos humanos de la gente buena y decirle a alguien que tiene que servir 12 años de condena decirle váyase... al año. Entonces, eso se acabó porque firmamos un decreto que ordena que los delincuentes condenados por delitos de crimen organizado, contra la vida y delitos sexuales no van a poder optar por la posibilidad de que Adaptación Social les dé beneficios carcelarios hasta que por lo menos cumplan la mitad de la pena y de ahí vamos a ver -porque hay temas administrativos- sepa que si le dan 12 años de pena, sepa que se va a tener que "chupar en la cárcel" al menos seis años. Y que luego de eso, Adaptación Social va a tener que justificar mucho si le dan algún beneficio.
Por su parte, el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, aseguró que con Adaptación Social y con el Instituto Nacional de Criminología se está trabajando en esta línea y se ve reflejado en el decreto:
Fueron atroces los casos que nos hicieron llegar de situaciones irregulares donde personas que tuvieron cambio de medidas siguieron delinquiendo, cometiendo crímenes graves.
La idea es que la medida se mantenga (el decreto) y si después otro Gobierno quiere cambiarla pues que rinda cuentas. Queremos ser responsables con el país, con los ciudadanos y con los compañeros del Ministerio de Seguridad Pública.
Posteriormente, el ministro de Seguridad, Jorge Luis Torres, aseguró:
Yo soy del criterio de que los criminales violentos deben estar en la cárcel cumpliendo su condena como debe ser.
En estos momento hay un solo frente común con el Poder Judicial. Los resultados van a ser muy pronto para bajar los homicidios, que es lo que nos reclama nuestra población.
Ante las palabras de Chaves -quien aseguró que los jueces han sido "verdaderamente laxos en las condenas" y que se deben tomar acciones fuertes en los tres poderes- Torres aseguró:
Este es un mensaje para el pueblo de Limón y para toda Costa Rica: no nos dejemos amedrentar, este país es nuestro, no es del crimen organizado.
Este es un problema que no es justo que me lo reclamen a mí como ministro ni al Gobierno. Este es un problema heredado, es una construcción de años de inseguridad, la inseguridad no se da en un año. Si nosotros vemos las estadísticas del 2010 ya teníamos más de un 10 de tasa (de criminalidad).
Yo puedo pedir $500 millones y dar contención pero yo me voy en 2026 y el si ministro que me recibe, recibe las patrullas en el suelo, si los policías no están, pasará lo mismo porque no le damos al país una seguridad pública para el Estado costarricense.
Chaves aseguró que no será rápido detener la delincuencia, pero según él su gobierno ha dado pasos que sí están teniendo resultados cercanos como lo son la instalación de escáners para revisar las exportaciones y la demolición de estructuras criminales que se habían mandado a realizar desde el 2016 y no se habían hecho. Para él, estos son golpes a las estructuras criminales.
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Redacción
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