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Legalización, terapias, tribunales y tecnología: armas para combatir inseguridad

Más de la mitad de la población carcelaria no supera los 35 años de edad.

La inseguridad es uno de los temas de mayor interés y que más preocupa a los gobiernos. Sin embargo, muchos de los planes no siempre resultan tan positivos y la población exige soluciones.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que existen estrategias poco comunes, pero con resultados positivos que logran reducir la inseguridad ciudadana y la criminalidad.

Por ejemplo, en Ecuador se “legalizaron” las llamadas pandillas callejeras o grupos relacionados con actos delictivos.

La policía ecuatoriana lo hizo mediante dos acciones: generar confianza entre los miembros de las pandillas por medio de estrategias como dejar de tratarlos como delincuentes e incluyéndolos a la sociedad. Y no privándolos de simbologías significativas para ellos, sino más bien ayudándoles a legitimar sus grupos como organizaciones dedicadas al cuidado de la población.

Las cifras revelan que desde que se “legalizaron”, Ecuador pasó de 15 homicidios a 5 por cada 100.000 habitantes en un lapso de seis años. (Lea estudio completo aquí)

Costa Rica

En Costa Rica, pese a que las pandillas callejeras no son ilegales, se habla muy poco acerca de la inclusión de miembros de estas agrupaciones en estrategias preventivas para disminuir la inseguridad ciudadana.

Max Loría, exviceministro de Paz, considera que trabajar con los jóvenes es fundamental para mejorar la seguridad y evitar que lleguen a las cárceles. Esto no lo está atendiendo correctamente el Estado pues no está ayudando a los jóvenes a reformar sus conductas y evitar llegar a la cárcel:  “El Estado ha implementado políticas que los discriminan y además parece que les tienen miedo. En lugar de incluirlos, los separan de las políticas, de las ayudas y de las comunidades”.

Sin embargo, Loría expresa que hay que tener en cuenta que no se puede incluir a todos los jóvenes a programas o estrategias donde se evite que sean encarcelados, puesto que hay algunos que tienen mayores actos delictivos con los cuales se debe trabajar de una forma distinta.

Según datos del Ministerio de Justicia y Paz, en el 2017 más de 50% de los privados de libertad tenían entre 18 y 35 años. Mientras que el 68,5% de las actualizaciones policiales de delitos son de jóvenes entre los 15 y 29 años, según el Ministerio de Seguridad Pública.

Ante este panorama, el exviceministro menciona que lo peor que puede hacer el sistema judicial en el país es meter a tantos jóvenes a las cárceles agravando el problema con el sector joven.

Loría propone trabajar más en la prevención y en los controles de factores de riesgo. Ofreciendo oportunidades donde los jóvenes desarrollen habilidades, tales como lo han hecho organizaciones no gubernamentales como Sifais en La Carpio o Fundación Acción Joven en decenas de colegios del país.

Terapias psicológicas

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Por otro lado, el estudio del BID evidencia que otra de las maneras de colaborar con una reforma en las conductas delictivas de los jóvenes es por medio de terapias psicológicas. Por ejemplo, países como Estados Unidos, se creó el programa Becoming a Man, por el cual han pasado más de 6000 jóvenes de Chicago que han terminado sus estudios y se han reformado socialmente.

También en Liberia, África, con el proyecto Transformación Sostenible de la Juventud, el cual reveló que las terapias conductuales pueden reducir el crimen y los comportamientos ilegales. El proyecto se enfocó en jóvenes, entre ellos exguerrilleros.

Tania Rojas, psicóloga experta en terapias y temas de criminalidad, expresa que en Costa Rica es un tema en pañales, nuestro sistema carcelario solo da dos opciones: libertad o cárcel.

La experta asegura que las terapias psicológicas destinadas a reformar conductas de personas con antecedentes delictivos deberían hacerse, de lo contrario solo se está hacinando a gente en cárceles sin brindarles la posibilidad de mejora.

Expresa que es posible que miembros de pandillas callejeras puedan ser tratados con terapias conductuales para cambiar sus comportamientos, siempre y cuando deseen realmente cambiar; estas les pueden ayudar a reformar conceptos sociales y a construir un pensamiento de cómo ganarse la vida bajo las normas legales, dejando de lado la criminalidad.

Creación de Tribunales de Tratamiento de Drogas

Otra de las formas que han funcionado para reducir la inseguridad ciudadana, según el estudio del BID, es mediante la creación de Tribunales de Tratamiento de Drogas. Estos tienen la finalidad de cooperar con la rehabilitación de las personas con problemas de drogas y delincuencia, y no de sancionarlos.

Por ejemplo, en Chile se comprobó que un 19% de las personas que se sometían a los tratamientos impartidos en los tribunales y no los culminaban, volvían a recaer contra un 11% de los que sí lograban terminar el proceso.

En Costa Rica, existe el Programa de Tratamiento de Drogas bajo la supervisión del Poder Judicial en colaboración con el Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA). En el IAFA reciben a jóvenes que tienen problemas delictivos y de drogadicción con el fin de que mejoren las condiciones de vida y se reincorporen a la sociedad.

El papel de la tecnología. 

Otra de las estrategias propuestas por el BID es la tecnología. Por ejemplo, la Big Data se puede usar para conocer dónde hay mayor criminalidad y monitorear permanentemente mediante cámaras, personal y sistemas de prevención, ya que proporciona gran cantidad de datos en tiempo real.

Por ejemplo, en Uruguay la policía puso en práctica un programa para reducir los asaltos. Mapearon la capital que era donde se producían el mayor porcentaje de atracos y luego hicieron un diseño para saber cuáles eran las horas más inseguras de la zona y así enviar policías necesarios. El resultado fue positivo, ya que los asaltos se redujeron en un 40% en el primer año de haberlo puesto en marcha.

Cuatro estrategias para combatir la inseguridad en América Latina que ayudan a la población, en su mayoría jóvenes a que se reintegren a la sociedad y pueda tener mejores condiciones de vida.

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