La Comisión de Gobierno y Administración archivó el proyecto de ley #24111 que regularía el lobby o cabildeo político, así como establecer restricciones para prevenir las puertas giratorias entre altos cargos de la función pública y el sector privado. El proyecto fue archivado, luego de que la votación para dictaminarlo quedara empatada en dos ocasiones, con los votos en contra de congresistas del Partido Liberación Nacional (PLN) y el oficialista Progreso Social Democrático (PPSD)
El proyecto se archivó por los votos de Waldo Agüero y Paola Nájera de Progreso Social Democrático y de Carolina Delgado de Liberación Nacional.
A favor del proyecto votaron: Antonio Ortega del Frente Amplio, Melina Ajoy del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), y Johanna Obando, independiente.
El proyecto se archivó a pesar de que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) recomendó tomar medidas para regular las actividades de cabildeo político.
Otros proyectos para regular el cabildeo no prosperaron
Ottón Solís, exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), presentó en el 2014 una iniciativa que buscaba la transparencia del cabildeo en el Congreso. Bajo el expediente 19.251 propuso obligar a los 57 legisladores a recibir visitas únicamente de grupos gremiales, sindicales o empresariales que pidieran una cita formal y por escrito, para con ello realizar un registro de las personas y los motivos de los encuentros.
Posteriormente, la legisladora María Inés Solís del PUSC impulsó el proyecto de la Ley Reguladora de las Actividades de Lobby en la Administración Pública" (Expediente 21.346) que buscaba regular las actividades de lobby y gestión de intereses en el país, estableciendo mecanismos de publicidad para servidores públicos con poder de decisión y sanciones por no cumplir con la ley, como el tráfico de influencias.
La diputada de Nueva República, Ivonne Acuña, también impulsó un proyecto que tenía como fin brindar tranquilidad y seguridad a la ciudadanía de que ese lobby no afecta las finanzas públicas. En el expediente 21.532, Acuña propuso sanciones de ¢223.000 hasta ¢3.570.000, para los jerarcas que no publiquen con cuáles empresas se reúnen.
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Redacción
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