Tomar la justicia por sus propias manos es lo que muchas personas han hecho en las últimas semanas. Dueños de comercios asesinando a personas que presuntamente iban a robar sus negocios, son ejemplos de casos vividos en el país recientemente.
Para Yolanda Pérez, socióloga y coordinadora de la Maestría de Administración Justicia, de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional (UNA), estos casos son reflejo de un aumento en el nivel de violencia y seguridad.
La regularidad de estas situaciones se explican por medio de cinco situaciones, según la experta. Una de ellas son los sentimientos de desesperación y frustración, al tener la sensación de que las autoridades no son efectivas en el control de la actividad criminal.
Se está presentando un fenómeno vinculado con la normalización de la violencia. Las personas ya no se asustan cuando asesinan a alguien. En Costa Rica, lamentablemente, la violencia se ha vuelto algo común, pueden de repente estar más dispuestas a confrontar a los delincuentes, no porque tengan miedo, sino porque ya se ha convertido en parte de su realidad cotidiana.
Los aspectos psicológicos también están presentes. El instinto de supervivencia o el impulso por protegerse a sí mismos o a sus seres queridos se activa, lo que puede llevar a la persona a enfrentar a un asaltante.
Pérez menciona que la viralización pública del hecho, que se centra en el actuar de una persona ante un delincuente, puede motivar para que otros se preparen o actúen de la misma manera:
Socialmente puede generarse la idea de que siempre el delincuente puede ser vulnerable, lo que hace que las personas dejen de verlos como una amenaza, o de que los califiquen como inexpertos y que pueden actuar contra ellos.
Instituciones públicas y organizaciones se necesitan para crear campañas de resolución de conflictos
Pérez detalla que una estrategia integral, donde la reducción de desigualdades económicas y sociales, de la pobreza, el desempleo y la falta de acceso a servicios básicos, generen una menor presión social sobre personas que han acudido a métodos de violencia para defenderse.
Se hace necesario articular el trabajo que se realiza en las instituciones públicas y organizaciones, entre otros entes, de manera que desarrollen programas y campañas de sensibilización que promuevan la resolución pacífica de los conflictos.
Una solución que propone la coordinadora, es fortalecer a las instituciones jurídicas y de seguridad del país; considera que aumentar las penas carcelarias no va a ser una solución.
Aunado a esto, considera necesario la capacitación y dotación de recursos que fortalezcan al Ministerio de Seguridad Pública y a sus dependencias, pues actualmente la policía no cuenta con los mismos equipos del crimen organizado.
Con respecto a los riesgos de no tratar la problemática pronto, la socióloga apuntó a que los propios delincuentes pueden armarse o prepararse mejor para repeler ataques, lo que conlleva más enfrentamientos peligrosos y más exposición de terceras personas.
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