Patrocinio

La OMS advierte en Ecuador contra las presiones de la industria tabacalera para influir en las políticas públicas
  • Adriana Blanco de la OMS asegura que se deben proteger las políticas de control de tabaco de los intereses comerciales de la industria tabacalera
  • La discusión en la Asamblea Nacional de Ecuador de un proyecto de ley para sancionar el contrabando, ha puesto en evidencia una vez más los intentos de la industria tabacalera para influir ilegítimamente en la definición y adopción de políticas públicas, para beneficiarse de ello, transgrediendo de paso las disposiciones del Convenio Marco de Control del Tabaco (CMCT).

    En efecto, TABSA, TANASA y PROESA, afiliadas a Philip Morris International (PMI), buscan que en la ley se introduzca un articulado que permita obtener indemnizaciones mediante una compensación tributaria descontable de los impuestos a pagar, por los supuestos daños que les causa el contrabando de tabaco.

    “Con el objetivo de atacar y reducir el contrabando en los sectores más impactados en el Ecuador, mediante petición fundamentada del Comité Interinstitucional o cualquiera de los Ministerios de Finanzas o Producción, mediante Decreto Ejecutivo, el Presidente de la República podrá disponer la emisión de Bonos Tributarios en favor de las empresas nacionales que hayan sido altamente afectadas por el contrabando”, dice una propuesta entregada a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, por el gerente general de las filiales del PMI, Mauricio Sáenz.

    La sugerencia dice que “dichos bonos podrán ser utilizados por las empresas beneficiarias para el pago de cualquiera de los impuestos regulados por la Ley de Régimen Tributario Interno, sean propios, percibidos o retenidos”.

    Además, se busca dejar sin efecto el impuesto del 70% que grava al tabaco en Ecuador, por cuanto la carta dice que “con el objetivo de atacar y reducir el contrabando, las empresas beneficiarias deberán demostrar que la totalidad del valor obtenido como beneficio es destinado a la reducción del precio de venta al público de tales productos”. Es decir, dañar una política pública de salud que por la vía de los precios de los cigarrillos, busca desincentivar el fumado.

    Otras expresiones de la capacidad de interferencia e influencia sobre las políticas públicas que se busca establecer, es la conformación de un Comité Interinstitucional (artículo 8) al cual podrían ser invitados actores privados, gremios e industrias o empresas, con mayor problemática de contrabando o defraudación aduanera a las reuniones del comité. O bien Comisiones Técnicas (artículo 13) en las cuales participarán actores privados, representantes de los gremios, industrias, empresas y la academia, los cuales serán invitados de conformidad con el tema que se esté tratando.

    Es decir, una situación muy similar a la que ocurre en Costa Rica con la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito que lidera el Ministerio de Hacienda y en la cual participan las cámaras privadas y por esa vía un exrepresentante de la British American Tobacco Centroamérica (BATSA).

    La OMS advierte

    Las pretensiones de la industria tabacalera hicieron que la semana pasada, la jefa del Secretariado del Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (CMCT), Adriana Blanco, interviniera en una sesión de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, para denunciar y prevenir acerca de la interferencia de la industria tabacalera.

    Patrocinio

    “La industria tabacalera pese a ser legal, no es igual que otras industrias legales, primero porque su producto mata a la mitad de quienes lo consumen; y porque su historia conocida a través de documentos secretos divulgados en juicios realizados en Estados Unidos, demuestran que ha operado con intención de engaño y de defraudar  a los países y a los consumidores. En situaciones catastróficas como las que vivimos hoy (pandemia), la industria busca acercarse a los países bajo lo que pretende llamar medidas de responsabilidad social corporativas, que no son más que formas de publicidad o de marketing que realizan para después traer condicionamientos cuando se intentan medidas de control de tabaco”, explicó por videoconferencia.

    Blanco Marquizo, una prestigiosa médica uruguaya que asumió su cargo en mayo, explicó que a la Organización Mundial de la Salud (OMS) le preocupa del comercio ilícito porque las tabacaleras culpan a los impuestos como responsables de aquello, para desmantelar la principal medida contra el tabaquismo: el aumento de los impuestos hasta cerca del 80% del precio al consumidor, muy efectiva entre los jóvenes y los ciudadanos de menores recursos.

    Para enfrentar el comercio ilícito de productos de tabaco, los países miembros del CMCT acordaron un Protocolo contra el Comercio Ilícito de productos de tabaco que está vigente desde 2018 y que a la fecha fue ratificado por 61 países, entre ellos Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá y Uruguay. Ese protocolo especifica herramientas, pasos y medidas a seguir, incluido relacionamiento global, para cortar las cadenas de suministro del contrabando.

    “La  columna vertebral del Protocolo es el control de la cadena de suministro. Para  ello se exige que los países tengan un régimen de seguimiento y localización para establecer un punto global de intercambio de información. Además, contar con figuras penales, sanciones y técnicas de investigación, porque el comercio ilícito debe ser solucionado a nivel regional y mundial, no solo a nivel de cada país”, explicó.

    Al respecto, ella hizo ver que un objetivo del CMCT y específicamente del Protocolo, es que los países adopten sistemas de seguimiento y localización para hacer trazabilidad de las cadenas de comercialización de los cigarrillos y así prevenir y detectar su desvío hacia el comercio ilícito.

    En ese sentido, ella felicitó a Ecuador por la adopción del Sistema de Identificación, Marcación, Autentificación y Rastreo (SIMAR) que permite la trazabilidad fiscal de bebidas alcohólicas importadas, cervezas y cigarrillos de producción nacional.

    Como se sabe, en Costa Rica los esfuerzos de un grupo de parlamentarios para establecer por ley la obligatoriedad de la trazabilidad de los licores, ha sido resistida por actores privados, pese a las decenas de muertes que dejó en 2019 una ola de adulteraciones y falsificaciones de bebidas alcohólicas.

    Proteger las políticas públicas

    Los gobiernos, dijo Blanco, deben proteger las políticas de control de tabaco de los intereses comerciales de la industria tabacalera, porque son irreconciliables con los de la salud pública, lo cual ha sido reconocido en muchos instrumentos internacionales y en reuniones políticas acerca de las enfermedades crónicas no transmisibles realizadas por las Naciones Unidas.

    “La industria no debe colaborar con el desarrollo y la aplicación de las leyes, porque es un sujeto regulado que no debe compartir con el regulador, el Estado, la forma en que es regulada. Sí puede discutir los elementos prácticos de la regulación, pero el qué de la regulación es materia del gobierno solamente. No es el regulado quien debe opinar porque obviamente hay un conflicto de interés”, enfatizó.

    Las interacciones con la industria tabacalera deben ser restringidas solo a lo indispensable para aplicar las políticas públicas, enfatizó.

    ¿Qué le pareció esta nota?

    Califíquenos de 1 a 5 estrellas

    Si le pareció interesante esta nota,

    ¡síganos en redes sociales!

    ¿Cómo podríamos mejorar esta información?

    Comentarios

     

    Acerca del autor Colaboración

    Las colaboraciones enviadas a aDiarioCR.com son responsabilidad exclusiva de sus autores. aDiarioCR.com no se responsabiliza por su contenido.

    Artículos recomendados