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El Proyecto de Ley de Cine

Por: Ramón Yglesias Piza, Abogado experto en Derecho Procesal

La industria digital es el campo de mayor potencial de crecimiento en el mundo, según un estudio del BID (Buitrago y Duque “La Economía Naranja, 2013), donde se explica que, para el 2025, la industria digital alcanzará un impacto de entre $8,8 y $24,9 billones (economías de Estados Unidos, Japón y Alemania combinadas). Además, en este momento, si la economía naranja fuera un país, sería la cuarta economía del mundo con $4,9 billones donde el 60% del mercado está concentrado en los Estados Unidos de América.

Los países de la región (Colombia, República Dominicana, Argentina, Panamá, Honduras, etc.) cuentan con una ley de cine y esa cualidad les ha permitido atraer hacia ellos gran cantidad de inversión extranjera directa, que no sólo ha fortalecido la industria sino que ha generado encadenamientos y riqueza regional, por la contratación de servicios locales como preparación de escenarios, alimentación, hospedaje, transporte, servicios profesionales, etc. Sin contar, claro está, con la contratación de agentes específicos como intérpretes, productores digitales, directores, editores digitales, etc.

El proyecto de Ley de Cinematografía y Audiovisual (20.661), dictaminado afirmativamente, por unanimidad, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, en octubre de 2019, aunque modesto en sus incentivos fiscales y estímulos, permite organizar al sector audiovisual y brinda las herramientas básicas para fortalecer esa industria y para ordenar los demás agentes necesarios como oficinas gubernamentales, trámites de autorización y permisos, créditos bancarios, facilidades de exportación y atracción de inversión, etc.

Además, al otorgar rango de ley a los fondos de El Fauno, se ordena mejor el concurso para la calificación de los proyectos y se fortalece la cooperación internacional, facilitando el acceso a los fondos concursales de entidades regionales e internacionales que cuentan con fondos para coinversión en estos proyectos.

La nueva conformación que se da al Centro de Cine, garantiza una mejor participación de todo el sector de la industria audiovisual, la academia y las entidades públicas, fortaleciendo la competitividad.

El impulso a la industria audiovisual costarricense constituye una gran oportunidad para promover el desarrollo del país y resulta especialmente importante para los jóvenes, que son más cercanos a estas tecnologías y que enfrentan un nivel de desempleo mucho más alto que el índice general.

El proyecto de Ley 20.661 fue presentado en diciembre de 2017 y recoge el consenso de todo el sector audiovisual costarricense que durante 4 años se reunió para conformar propuestas e intereses para el desarrollo de la industria audiovisual con criterio de competitividad, participando a través de las cámaras e instituciones del sector.

Qué propone el proyecto de ley 20.661

  1. Creación del Consejo de Cinematografía y Audiovisual: El actual Centro Costarricense de Producción Cinematográfica se transforma en el Centro de Cinematografía y Audiovisual, ampliando su competencia al fomento de la industria audiovisual en general e incorporando en su Consejo a los distintos representantes de esa industria, las universidades, los entes públicos y al Comisionado Fílmico que promueve el comercio exterior.
  2. Se crea la Cinemateca Nacional como órgano adscrito al Consejo.
  3. Se otorga rango de ley “EL FAUNO” (Fondo de Fomento Cinematográfico y Audiovisual) cuyo fin es el promover la industria audiovisual mediante la selección de proyectos a los que se asignarán recursos mediante concurso y al amparo de un contrato que garantice el retorno de la inversión.

Cuáles incentivos propone el proyecto

En el proyecto se propone, como incentivos fiscales, los siguientes:

  1. Se otorga a las industrias audiovisuales el beneficio del que gozan las empresas agrícolas, para que las pérdidas que se produzcan en un período fiscal, puedan ser deducidas en los siguientes cinco períodos fiscales.
  2. Serán deducibles como gastos, para efectos del impuesto sobre la renta, las donaciones a favor de proyectos cinematográficos y audiovisuales de producción o coproducción costarricense aprobados por el Centro Costarricense de Cine y Audiovisual.
  3. También serán deducibles los gastos relacionados con la producción de obras cinematográficas y audiovisuales, incluyendo la adquisición y contratación de bienes y servicios, arrendamiento de bienes y contratación de personal técnico, artístico y administrativo, realizados por terceros. 

Reducción del impuesto de espectáculos públicos

En el proyecto se propone la reducción del Impuesto de Espectáculos Públicos (Ley N° 841, 1947) de 6% al 1,5% y se modifica el destino de los recursos para financiar el fondo de El Fauno.

Desde hace más de 70 años, las salas de teatro y de cine, pagan el 6% (si están en cabecera de provincia) y del 3% (si están fuera de cabecera de provincia) como impuesto sobre el costo neto del boleto de entrada, para mantenimiento del Teatro Nacional, la Compañía Nacional de Teatro, el Instituto Nacional de la Música y el Museo de Arte Costarricense. En el proyecto de ley se reduce la tasa al 1,5%, se incorpora la televisión por suscripción (tv por cable) y streaming (tv por demanda), que son los nuevos medios de difusión de las producciones audiovisuales y se destina una quinta parte de los ingresos para el Centro de Cinematografía y Audiovisual. Ésta será la nueva distribución del impuesto: 

40% al Teatro Nacional (antes era el 50%)

22% Compañía Nacional de Teatro (antes era el 30%)

20% al Centro de Cinematografía y Audiovisual (antes no recibía nada)

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9% al Instituto Nacional de la Música (antes era el 10%)

9% al Museo de Arte Costarricense (antes era el 10%)

La modificación se justifica en que la mayor parte del impuesto se generaba por las salas de cine, por lo que es razonable que “el cine financie el cine”, por lo que se otorgó al CCCA una pequeña parte.

Actualmente, las salas de cine y de teatro ha visto reducida notablemente su audiencia, lo que ha afectado los ingresos del impuesto que mantiene las obras culturales y artísticas del Estado. 

Según el reporte de SUTEL del 2018, el sector de televisión por cable ha incrementado en forma constante sus ingresos desde el 2014 a 2018, con un promedio de crecimiento del 4% anual, que es un índice muy saludable para cualquier industria. Así, pasó de recibir ¢124000 millones de colones en 2014 a ¢155000 millones de colones en el 2018. En cambio, el mercado de salas de cine pasó de ¢17000 millones en 2014 a ¢22800 millones, mostrando un crecimiento apenas del 1,4% anual, a pesar de que, durante ese período, las salas aumentaron en un 40% el número de pantallas, de modo que la asistencia por pantalla ha disminuido. El cine tiene magia y esa es su fortaleza, pero la televisión por cable representa un mercado 6 veces mayor que el de las salas de cine.

Precisamente por la fortaleza del mercado de televisión por suscripción (y falta incluir el de streaming como Netflix del que ni siquiera hay datos certeros) es lo que permite que, a pesar de reducir la tasa impositiva a la cuarta parte, se incrementen los ingresos del impuesto para todas las actividades culturales y artísticas de Costa Rica.

La modificación también es necesaria por razones de justicia tributaria, pues no se justifica que las salas de cine y de teatro sigan pagando exclusivamente el impuesto, a pesar de que la televisión por cable y el streaming distribuyen el mismo producto que las salas. Esto representa una discriminación tributaria injusta.

El impuesto es a la empresa no al consumidor

El impuesto no debe ser trasladado al consumidor, porque es un impuesto a la empresa, a su actividad. Así ha sido desde 1947 para las salas de cine y de teatro; así se estableció en la ley de creación del impuesto y así se dispone en la redacción actual del proyecto.

El impuesto sólo afecta el servicio de televisión (no afecta Internet ni telefonía). En el caso de Netflix ascendería a ¢86 por contrato y en el caso de la televisión por cable a ¢315 aproximadamente en el contrato básico. Ninguno de estos montos pone en riesgo la actividad de las compañías y sí constituye un aporte importantísimo para el sostenimiento de la cultura y el arte costarricense y, a partir de la aprobación de la ley, para abrir oportunidades de empleo y de emprendimientos en la industria audiovisual costarricense.

Inversión con réditos para el país

Los aportes que hace el país para IBERMEDIA y otras organizaciones internacionales que promueven la industria audiovisual, han rendido grandes beneficios.

Según datos del Centro de Cine, en los últimos 10 años Costa Rica ha invertido un total de $1.450.000.oo al programa de coproducción iberoamericano Ibermedia, pero en ese mismo período, nuestro país ha recibido de ese fondo de coproducción un total de $2.316.379.oo es decir, que hemos recibido más del 160% de lo invertido.

Producción costarricense

Del 2001 al 2017 se produjeron 59 largometrajes costarricenses y solo en los dos últimos años se produjeron 13 largometrajes cinematográficos. Además, la producción audiovisual en general ha mejorado sustancialmente, pero su medición no se podrá hacer en forma certera sin una ley que ordene el sector.

De esas, 35 largometrajes han sido aceptadas en festivales internacionales y muchas de ellas han ganado premiso importantes. Como reconocimientos recientes debemos resaltar que “El Baile de la Gacela (2018)” obtuvo en el Festival de Montreal el Premio de Mejor Ópera Prima.

Pero la cinematografía nacional está de fiesta porque “El Despertar de las Hormigas” (2019) ha sido incluida dentro de las 4 obras nominadas al premio de “Mejor Película Iberoamericana” de los Premios Goya en España, pues nunca se había alcanzado tal reconocimiento con una obra nacional.

Estos logros demuestran que el esfuerzo vale la pena. Que debemos apostar por el impulso de esta actividad como una alternativa importante para el desarrollo económico de Costa Rica. Si Estados Unidos concentra el 60% del mercado de la economía naranja del mundo, pareciera que ese es un campo en el que debemos incursionar.

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