Por: Aldo Anfossi, periodista chileno
Luego de las protestas sociales acontecidas hace un mes en Ecuador y de las que entran en su tercera semana en Chile, es evidente que ningún país está a salvo de protagonizar levantamientos de proporciones. Los problemas hoy son más o menos globales y por las redes se propagan las imágenes que sorprenden y que sirven también de inspiración. Es simultáneamente una advertencia, una lección y una oportunidad.
Casi como anécdota, el levantamiento social que tiene lugar aquí, por su intensidad y duración, se conduce con la consagrada reputación de ser tierra de mega terremotos, donde han ocurrido al menos cinco superiores a una magnitud de Mw 8.8 (1730, 1835, 1877, 1960 y 2010). Hay mucha, muchísima, energía social acumulada durante décadas que se desencadenó y no cesa de aflorar con expresiones de ira profunda y que tienen clarísima explicación.
¿Cómo es posible que Chile, que fue descrito por un fanático del neoliberalismo como “el tigre que se fugó de Latinoamérica”, el país paradigma de la disciplina fiscal y del crecimiento económico, esté empantanado en su peor crisis política y social en 30 años, disparada por un aumento de “apenas” US$ 0,04 en el costo del transporte público?
Nadie, sea cientista social, economista o empresario pueden argüir ignorancia ni perplejidad. Las estadísticas, las cifras vergonzosas, están publicadas hace años, tal vez opacadas por el oropel de la macroeconomía, esa que nos dio fama. La dirigencia política menos, que encerrada en su torre de Babel y ganando más de US$ 11.000 mensuales más otra suma igual para gastos operativos, es percibida como una tropa inútil de hipócritas autorreferentes, zánganos enquistados en el néctar del poder (algunos llevan 30 años como parlamentarios), chupasangres despreciados por el colectivo social, sinónimos de lo peor: “disfrutan” de un 90% de desaprobación y rechazo, también los partidos y el Parlamento. Lo cual es una lástima, una peligrosa amenaza a la democracia, de la cual se supone son sus rostros.
Desde 1990 a la fecha, Chile multiplicó por seis su PIB (de US$ 33.000 millones a US$ 300.000 millones) y el ingreso per cápita pasó de US$ 2.000 a cerca de US$ 25.000 anuales. El mayor éxito de Chile fue la disminución de la pobreza, que pasó de casi el 50% de la población en 1990 al término en la dictadura de Pinochet, a un 8,6% el año pasado, mientras que la indigencia es 2,3%. ¿Entonces qué carajos pasó?
“Simple”: la concentración de la riqueza es “extremadamente extrema”. Menos del 1% posee el 26,5% (algo así como US$ 90.000 millones de patrimonio); el 10% más rico el 66,5%; el 20% el 72%. En contraste, el 50% de los hogares de menores ingresos accede apenas al 2,1% de la riqueza neta del país. En cuanto a bienes inmuebles y vehículos, el 50% de los hogares más desposeídos es dueña del 7,7%; la otra mitad se queda con el 90%.
La mitad de los trabajadores chilenos ganan US$ 550 mensuales con los que deben cubrir educación, atención médica y medicamentos, por cuanto la cobertura pública de esos servicios es baja y muchas veces de mala calidad. La pensión básica solidaria acaba de aumentar de US$ 132 a US$ 150, monto que sigue siendo miserable para cubrir las necesidades de un anciano.
La Fundación Sol, una ONG local dedicada a cuestionar las “verdades instaladas” del modelo, explica que la economía ha crecido gracias al endeudamiento. "En Chile hay más de 11 millones de personas mayores de 18 años (82% de la población) endeudadas, de las cuales 4,6 millones personas están morosas, vale decir, ni siquiera pueden pagar la deuda que han contraído", afirman. La deuda total de los hogares asciende a un 73,5% de sus ingresos disponibles anuales. En 2003 era del 38%.
Las 10 comunas de Santiago cuyos habitantes presentan altos niveles de morosidad, son aquellas que concentran los hogares con ingresos medios o bajos.
Este coctel explosivo –concentración extrema de la riqueza, bajos salarios, privatización de los servicios públicos esenciales (agua, electricidad, acceso oportuno a la salud, educación de calidad, etc.) y alto endeudamiento derivado de la necesidad de financiar los gastos básicos y el consumo- resultó ser una mezcla que estalló con la pequeña subida del transporte público, la gota que finalmente rebalsó el vaso.
Según no pocos analistas, entrar a corregir estas inequidades pasa en parte significativa por redactar una nueva Constitución, porque la actual es herencia de Pinochet y fue escrita unilateralmente por los ideólogos de la dictadura y del neoliberalismo extremo en términos tales que impiden operar sobre el sistema. Por ejemplo, la Constitución dice que el rol del Estado es subsidiario, o sea, operará sobre aquellos ámbitos que no interesa cubrir a los privados por ser poco o nada rentables. Para reformar la Constitución es necesario tener supra mayorías en el Parlamento, las cuales no se dan, porque una parte de los legisladores están identificados con el modelo heredado.
Hoy, una de las principales demandas del movimiento ciudadano es justamente generar un proceso de asamblea constituyente que abra el camino a una nueva constitución, idea que cuenta con cerca de un 80% de aprobación, y en torno a la cual se están realizando "cabildos ciudadanos", reuniones abiertas a las que asisten los vecinos en sus barrios para plantear su visión de la crisis y cómo es posible salir de ella. Por ejemplo, para que el rol del Estado en la economía deje de ser subsidiario y pase a ser solidario. Pero eso significaría tocar la esencia del modelo mercantilista ultra neoliberal y la pregunta inquietante es si dada la magnitud del descontento expresado contra los abusos y la inequidad, la derecha y el gran empresariado -que se ha ultra enriquecido con el sistema mercantilista- estaría anuente a hacer reformas. De momento, todo indica que no, de modo que la crisis seguirá en desarrollo pues muchos sectores están viendo que "a río revuelto ganancia de pescadores" y están planteando sus propias demandas, por ejemplo, los transportistas que han puesto sobre la mesa los cobros de peaje en las carreteras concesionadas.
El presidente Sebastián Piñera, cuya aprobación cayó al 13% y suma casi un 80% de rechazo, se va quedando sin opciones e incluso desde su sector político comienzan a escucharse voces tímidas a las cuales no les parece mal ir hacia un proceso constituyente. Como suele decirse, todo en desarrollo.
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