La práctica informal y la nula reglamentación para regular los contratos inmobiliarios, motivó a la Cámara Costarricense de Corredores de Bienes Raíces (CCCBR), a impulsar el proyecto de Ley #20761, denominado Ley de Correduría de Bienes Raíces.
El proyecto, que en este momento se encuentra en trámite en la corriente legislativa, a la espera de ser asignado a la Comisión respectiva en el Congreso, busca generar reglas claras en la figura del corredor de bienes raíces, que hasta el momento se viene realizando a la libre, sin el debido respaldo de leyes y reglamentos que protejan tanto a los participantes del sector inmobiliario como a sus clientes.
Ana Seydi López, presidente de la CCCBR, destacó la importancia de establecer reglas claras en esta práctica, algo que viene promoviendo la Cámara, pero que necesita respaldo de ley.
“Se trata en esencia de la protección patrimonial y económica de las partes que intervienen en este mercado. Buscamos la forma de asegurar la actividad inmobiliaria para que cumpla con sus obligaciones fiscales con la Hacienda Pública. Actualmente, existe vacío y confusión en este campo”, sostuvo López.
Precisamente, uno de los puntos clave de este proyecto de ley es generar la obligación de que cada corredor esté registrado y requiera de una licencia para ejercer, lo cual contribuye a tener mejores controles sobre prácticas inadecuadas como el lavado de dinero por medio de la venta de propiedades.
El proyecto de ley contempla que sea desde el Ministerio de Economía, Industria y Comercio que se regule la actividad, para que desde ahí se den los lineamientos y se cuente con un registro de personas que cumplen con los requisitos para llevar a cabo la actividad.
“La promulgación de una ley relacionada con el ejercicio de la correduría es clave para contribuir con la Estrategia Nacional de Lucha contra el Lavado de Dinero. Por ello es que, desde la Cámara, se insiste en que es necesaria una normativa nacional que defina, tipifique, regule y puntualice los derechos, las obligaciones y requisitos para el ejercicio de la correduría”, agregó López.
La publicación de esta ley contribuiría además a una mejor imagen del país en materia regulatoria en lo que se refiere al mercado inmobiliario y cerraría portillos frente a prácticas anómalas.
En Panamá parece ser que el asunto va en el mismo camino.
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