La Cámara Costarricense - Norteamericana de Comercio (AmCham) y el Poder Judicial, firmaron un convenio de cooperación el pasado 14 de agosto.
En este se le permite a AmCham brindar "programas de capacitación que refuercen el conocimiento y las capacidades del personal judicial en el manejo y prevención de prácticas comerciales ilegales, lo cual permitirá contribuir a una mayor eficacia en la aplicación de la justicia", según cita el comunicado.
AmCham se comprometió a proporcionar una metodología pertinente y los expositores necesarios, mientras que el Poder Judicial facilitará los espacios y la inclusión de estas actividades en su currícula formativa.
La firma del convenio contó con la participación de Gerardo Alfaro Vargas, magistrado de la Sala de Casación Penal y Rector de Justicia Restaurativa del Poder Judicial, Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia y Juan Carlos Chavarría Pozuelo, presidente de AmCham Costa Rica.
Chavarría indicó:
Este convenio de cooperación refuerza nuestro compromiso por combatir el comercio ilícito en sus diferentes formas, por medio de alianzas público-privadas. Fortalecer las capacidades del personal judicial, contribuirá a generar un entorno comercial más seguro en Costa Rica.
Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró:
Estamos construyendo un Poder Judicial al lado de la gente, de ahí la importancia de atender y escuchar las necesidades ciudadanas... desde luego que la prevención de prácticas comerciales ilegales es una tarea a la que se le debe dar especial atención, por ello es importante la capacitación y procurar acuerdos y alianzas para ser más efectivos.
Dicha alianza, que tiene una vigencia inicial de tres años, podrá ser prorrogada por periodos iguales si ambas partes lo consideran conveniente.
Cuestionamiento de abogado y economista de la salud
Desde la creación de la Comisión Mixta contra el Comercio Ilícito, en 2014, AmCham se ha asegurado una silla junto con UCCAEP y la Cámara de Comercio para reunirse en el Ministerio de Hacienda con los representantes de cinco Ministerios del Gobierno y hacer acuerdos para combatir el comercio ilícito.
Para el especialista jurídico Dr. Christian Campos:
El Poder Judicial abre un riesgo de incumplimiento país de las directrices para la aplicación del artículo 5.3 del Convenio Marco del Control del Tabaco de la OMS. Costa Rica al suscribir ese Convenio, asumió el compromiso de, entre otros, comprender que el interés público es irreconciliable con el interés de la industria tabacalera, así se presente de forma directa o indirecta, de cara a los funcionarios públicos.
El artículo 5.3 compromete a los países a proteger sus políticas de salud pública, y, en el caso del Poder Judicial, a cuidar la objetividad de su misión en el dictado de la justicia. Las directrices son precisar en el deber de establecer medidas para limitar las interacciones con la industria tabacalera y asegurar la transparencia; y más aún, en rechazar las alianzas y los acuerdos con la industria tabacalera que, para el caso, en lo que refiere a comercio ilícito, bien se conoce que, en esa Cámara, como en otras, la industria tabacalera ejerce una activa participación.
Tanto esta alianza, como la Comisión Mixta que se ha ido variando con decretos a través de los años, es contraria al Convenio citado, y sin duda, al deber de probidad que debe regir el actuar de todo funcionario estatal.
El sector privado, y en concreto, la industria tabacalera, que está detrás de estas aparentes buenas iniciativas, podría impedir, influenciar e incidir una potestad pública a favor de intereses privados, y eso hay muchas maneras en que se puede dar. Sería lamentable que jueces de la República, reciban capacitación cuando se sabe que esa industria manipula datos sobre comercio ilícito para, por ejemplo, impedir que el Congreso legisle creando mayor pago de impuestos en los cigarrillos. Hay muchas formas en que pueden influir de forma positiva o negativa para que el Poder Judicial deje de cumplir temas donde él es el único responsable. Sería de lamentar que los jueces, dicten sentencias, o repliquen datos en sus clases u oficina, cuya fuente carece de seriedad científica.
Por otra parte, el economista de la salud Dr. Guillermo Paraje, también cuestiona la alianza:
Es de público conocimiento en América Latina (y en Costa Rica) que AmCham actúa a menudo defendiendo los intereses de las empresas tabacaleras. Llama la atención que este acuerdo entre AmCham y el Poder Judicial sea sobre materias de comercio ilícito, un tema en el que AmCham ha servido como vehículo de expresión de las tabacaleras.
Esto es particularmente grave debido a que Costa Rica ha ratificado el Convenio Marco para el Control del Tabaco que estipula en su artículo 5.3 que los Estados deben aislarse de las presiones e influencias de la industria tabacalera. En este caso el Poder Judicial podría estar desconociendo que con sus acciones se está violando este artículo 5.3.
Sería fundamental que el Poder Judicial no le brinde lugar a la industria tabacalera ni a sus grupos de fachada, para avanzar una agenda que sólo busca aumentar las ganancias de esta industria a costa de la salud, la vida y la economía de miles de costarricenses.
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Redacción
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