Un total de 207 casos de hostigamiento sexual se reportaron en entidades públicas en el 2017, según el más reciente estudio realizado por la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica.
De acuerdo con las estadísticas, la mayor parte de las víctimas fueron mujeres -el 77% de los casos- mientras que el 11% correspondió a hombres. Hubo un 94% de hombres denunciados, un 4% de mujeres y un 2% no reportó la variable.
Las tres entidades públicas donde se registran más denuncias son el Ministerio de Educación Pública con 59 casos, seguido por la Caja Costarricense del Seguro Social con 51 casos y la Universidad de Costa Rica con 18 casos.
En cuanto a la presunta víctima un 30% correspondía a una persona menor de edad y un 68% a una persona mayor de edad mientras que en un 2% no se reportó esa variable. La mayor cantidad de personas denunciadas por hostigamiento sexual fueron mayores de edad (97%), en un 3% no se reportó esa variable y en un 1% fue una persona menor de edad.
La provincia de San José encabeza la lista con el 40%, seguido por Alajuela con 17%; Heredia con 12%, Cartago con 10%, Limón con 8%, Puntarenas con 7% y Guanacaste con un 4%.
En cuanto a la posición jerárquica, la mayoría de los casos la persona denunciada tenía igual posición de puesto en el trabajo; luego le sigue la posición de autoridad en relación docente-estudiante y, en tercer lugar, la variable considerada como “otro”.
Las principales manifestaciones que presentaron las personas denunciadas fueron verbales, seguidas de acercamientos, luego tocamientos, miradas lascivas, mensajes, y obsequios, entre otras.
Ante este panorama, la Defensoría aceleró los procesos de capacitación de funcionarios y funcionarias de las entidades públicas encargadas de recopilar las denuncias y abrir los procesos de investigación en aras de fortalecer sus capacidades en la atención de estos casos de acoso de hostigamiento sexual.
Para la Defensoría las medidas tomadas en algunas instituciones han propiciado la presentación de denuncias por parte de las víctimas de esta violencia y discriminación. Además ha generado una atención adecuada de estos casos a lo interno de las instituciones, la fijación de medidas cautelares para la protección del procedimiento y de la víctima, la creación de instancias para el apoyo legal y psicológico de las víctimas, y la especialización de los procedimientos, todo lo cual ha significado la disminución de los casos en algunas instituciones.
No obstante, la Defensoría llama la atención que aún existan instituciones que no han incorporado en su quehacer las disposiciones de la norma y en las que se mantienen vigentes las condiciones que favorecen la aparición de múltiples conductas violentas y discriminatorias hacia las mujeres y que generan impunidad.
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Gabriela Zamora
Comunicadora con más de 20 años de experiencia en medios y consultoría. Licenciada en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo, Universidad de Costa Rica.
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