La diputada Pilar Cisneros, recientemente presentó un proyecto de ley para reducir el aporte patronal en los regímenes básicos del Magisterio Nacional y del Poder Judicial.
También en materia de sistema de pensiones, se propuso la iniciativa de crear la Pensión Básica Universal, un proyecto que llevó a corriente legislativa el diputado Rodrigo Arias.
Para la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (JUPEMA), ambos proyectos amenazan al Sistema Nacional de Pensiones, pues consideran que son lesivos para los regímenes básicos.
“Esta Junta Directiva y la Administración de JUPEMA, rechazamos los alcances de los proyectos 23.733 y del 23.625, y exhortamos a las señoras y señores diputados a que se busquen las soluciones para mejorar las condiciones del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, sin desmejorar la estabilidad del Régimen de Capitalización Colectiva”, indica la Junta en un pronunciamiento.
Aseguran que ambas ponen en riesgo la solidez y sostenibilidad del Régimen de Capitalización Colectiva (RCC), perjudicando la calidad de vida y el derecho a una jubilación justa y oportuna.
Según datos de JUPEMA, el RCC actualmente se encuentra con solvencia financiera, lo que garantiza el pago de pensiones por los próximos 100 años, en el caso del proyecto para reducir en un 1% el aporte patronal el golpe al fondo sería de ₡152.923 millones, poniendo en peligro el superávit de ₡74.116 millones y creando un déficit de ₡78.807 millones. Ello pone en riesgo el pago de las pensiones.
“El enfoque es fiscalista, pues solo le interesa disminuir los aportes del Estado y del sector privado para generarles ahorros, sin ponderar las implicaciones futuras para el fondo, y en especial para los afiliados”, indica el pronunciamiento.
Pensión Básica Universal afectaría derecho a aguinaldo de los pensionados
Por otro lado, JUPEMA afirmó que el proyecto de Pensión Básica Universal también ocasionará otro desequilibrio actuarial con la supresión total y/o parcial del aporte estatal, afectando el principio de solidaridad y eventualmente, al derecho al aguinaldo de los pensionados a los que se les otorgue la pensión básica universal, al reducirse la proporción del régimen básico.
También elimina el derecho de sucesión, lo que perjudica a viudas y huérfanos en todos los regímenes, y elimina esa proporción de pensión básica universal, a quienes por la razón que sea, dejen de residir en el país.
“En otros países, las reformas excluyen a las personas con ingresos por encima de los rangos de pobreza y provee esa pensión a quienes están en pobreza extrema tal y como lo hace hoy en día el régimen no contributivo de la CCSS, por ello, no es aceptable que todos los trabajadores del país se vean afectados eliminándoles la contribución Estatal”, defiende la Junta Directiva.
JUPEMA, en ambos proyectos, quedaría condicionada a modificar la edad de retiro, aumentar los aportes de los afiliados y/o disminuir el monto de las pensiones para poder “compensar” la cuota patronal, así como buscar alternativas de inversión que generen una mayor tasa actuarial para compensar ingresos lo que genera un mayor apetito de riesgo.
Para los integrantes de la Junta, desconocer la dinámica laboral del trabajador de la educación, sin entender que es muy diferente a la de muchas otras profesiones, es decir, dejar de lado el rostro humano de quienes cotizan al régimen, es también una violación a sus derechos, así de claro lo señala la Sala Constitucional en el voto 846-92 que habla de la pluralidad de regímenes.
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