En el marco del primer foro de diálogo celebrado por el gobierno, denominado ‘Costa Rica escucha, propone y dialoga’, el docente de LEAD University, Gerardo Corrales, señaló que el entorno que se vive a causa del Covid-19 dejó en evidencia un problema que se viene acarreando desde hace años en Costa Rica: el alto porcentaje de gasto público sobre el Producto Interno Bruto (PIB).
Según Corrales, se estima que el gasto llega a un 30% del Producto Interno Bruto (PIB), y el financiamiento de esos ingresos únicamente alcanza la mitad de ese monto, es decir un 15%.
“Esta situación si bien se viene acarreando desde 2008, vino a ser aún más evidente en el presente año a causa de la pandemia por el Covid-19. Esos faltantes financieros se han venido tapando con deuda, y eso nos pone en una difícil condición, un problema estructural grave”, señaló el docente de LEAD University.
Para el experto la discusión alrededor de la situación país no trata de temas ideológicos, ni de divisiones sociales que polaricen aún más a la sociedad, sino que “es un tema más pragmático y referido a cómo hacer del país y del gobierno, entes más competitivos, más eficientes, más productivos, sin dejar de lado, por supuesto, la responsabilidad social de velar por un sistema equitativo”.
Estructura del gasto del dinero es un factor importante
Un factor importante, asegura Corrales, es la estructura del gasto del dinero del gobierno, ya que estima que el 28% se va en transferencia hacia la educación, las universidades, el poder judicial, entre otros; pero gran parte del dinero se queda en remuneraciones con poca claridad de si se obtienen los objetivos deseados.
“Con respecto a los salarios del gobierno central, alrededor del 25% y un 19% va en el pago de intereses y amortizaciones. Esto provoca que un gasto que podría mejorar las condiciones de competitividad de manera más inmediata sea cada vez más bajo, como lo es el 6% destinado a infraestructura”, explicó el docente.
Es por esta situación que los expertos consideran que la pandemia viene a complicar aún más este panorama, debido a que se estima que los ingresos fiscales van a caer un 3% del PIB, mientras que los gastos del Gobierno, corriente, sin intereses, se van a ver reducidos en un 0.5%, lo que genera un panorama algo desalentador si se compara con el déficit fiscal del año pasado, que fue de un 5.9% del PIB, esto porque se estima que para este año, en el mejor de los casos, el déficit fiscal rondaría el 10%, y que las necesidades de financiamiento del gobierno aumentaran del 15% del PIB y la deuda del gobierno central a la producción se vea incrementada a un 70% al final de este año.
Ley de empleo público y reforma de simplificación del tamaño del Estado son necesarias
En ese sentido, Corrales considera que no es posible aislar como si fuese un tema independiente, lo referido a ingresos fiscales, si antes no se ha analizado a mayor profundidad la necesidad de recortar el gasto corriente del gobierno o a analizar la eficiencia del gasto en cuanto a la rendición de cuentas y al cumplimiento de sus objetivos.
“Dentro de ese concepto es muy importante la ley de empleo público, no solamente para poner orden hacia adelante en los pagos o remuneraciones y calificaciones de puestos, sino también ordenar los antecedentes, porque hay distorsiones que hacen que en una misma posición la remuneración sea distinta dependiendo de la entidad en la cual se opere”, señaló Corrales.
De igual forma, propuso el experto, que no se puede hablar de ingresos fiscales sin la necesidad de una reforma profunda de una simplificación del tamaño del Estado. “Tenemos más de 300 entidades, muchas con funciones ya obsoletas o incluso duplicadas, triplicadas, que cubren alrededor de 320.000 funcionarios que, solamente en el Gobierno central el estimado es de un gasto de ¢60 millones por persona”, agregó.
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