El Directorio Ejecutivo del Banco Mundial aprobó hoy un proyecto orientado a fortalecer la focalización y eficiencia del sistema de protección social de Costa Rica. Este proyecto ofrece la posibilidad de movilizar rápidamente liquidez para financiar gastos prioritarios; por ejemplo, en caso de que el país requiera una respuesta urgente a un choque, como una emergencia social, climática o económica.
Según el comunicado del Banco Mundial:
El Préstamo de Política de Desarrollo para la Gestión del Riesgo Social con Opción de Desembolso Diferido se enfoca en dos pilares: el primero busca promover la focalización de los programas sociales mediante el fortalecimiento del Sistema Nacional de Información y Registro Único de Beneficiarios (SINIRUBE), aumentando su cobertura, robustez e inclusividad. El segundo pilar apunta a aumentar la eficiencia del gasto social al reducir su fragmentación y fomentar mejores mecanismos de entrega de transferencias sociales.
Según declaró Nogui Acosta Jaén, Ministro de Hacienda de Costa Rica:
Este tipo de crédito es vital para la gestión y mitigación de impactos sociales ante situaciones de emergencia. Nos permitirá reaccionar de manera rápida y efectiva ante eventos adversos que puedan afectar nuestra economía y bienestar social. Al mismo tiempo, nos dará flexibilidad para proteger a las poblaciones más vulnerables y asegurar la estabilidad fiscal del país en tiempos de incertidumbre.
Gasto social de Costa Rica debe ser transparente
Para 2026, se espera que 85% del gasto social se focalice utilizando el SINIRUBE para determinar la elegibilidad; el cual fue del 73% en 2023.
Además, se prevé que 70% de la información de los hogares sea actualizado en los próximos 18 meses, en comparación con el 53% evidenciado en 2024. También se trabajará para que 45% de los hogares más pobres tengan sus datos georreferenciados y su situación de riesgo identificada, lo cual contribuirá a mejorar la capacidad de respuesta ante los choques y las emergencias.
Para una mejor eficiencia del gasto social, se apunta a que para 2026 el 75% de los recursos de los programas implementados por el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) lleguen a la población del primer quintil de ingresos, es decir, aquellos con los ingresos más bajos.
A la vez, se contempla un aumento de 440.000 a 600.000 en el número de beneficiarios que reciban transferencias a través del Sistema Único de Pago de Recursos Sociales (SUPRES), entre 2024 y 2026. Las estimaciones se sustentan en datos recopiados por IMAS y SINIRUBE.
Según afirmó Carine Clert, Gerente de País del Banco Mundial para El Salvador y Costa Rica:
A pesar de ser un pilar esencial del pacto social de Costa Rica, el sistema de protección social presenta limitaciones respecto a la cobertura total de los segmentos más vulnerables, sobre todo en momentos de emergencia. Este proyecto es una parte importante de los esfuerzos del Banco para apoyar a Costa Rica a enfrentar sus desafíos socioeconómicos y continuar la senda del crecimiento inclusivo.
La operación de US$200 millones, financiada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), es un préstamo de tasa variable y tiene un vencimiento final de 33,5 años, incluido un período de gracia de seis años.
Deuda externa de Costa Rica continúa creciendo
Según datos recientes del Banco Central de Costa Rica, la deuda externa total del país alcanzó aproximadamente US$39.245 millones al segundo trimestre de 2024. Este monto incluye tanto deudas a corto como a largo plazo, siendo la mayor parte de la deuda en dólares. Con estos $200 millones, la deuda crecería a US$39.445.
Si se divide el monto total de la deuda externa por la población estimada de Costa Rica, la cual es de aproximadamente 5,3 millones de personas en 2024 (según estimaciones recientes del INEC y el Banco Mundial), cada costarricense tiene una deuda externa aproximada de US$7.442.
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