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28% de los contribuyentes no emite factura digital

Factura digital por sectores
Porcentaje de profesionales liberales facturando electrónicamente según sector.

El área de Administración Financiera de la Contraloría General de la República (CGR) emitió un informe que contiene los resultados de una auditoría que analizó la planificación y el seguimiento del proyecto de comprobantes electrónicos del Ministerio de Hacienda, del 1 de enero de 2014 al 31 de mayo de 2018. La factura electrónica es un instrumento que contribuye a la transparencia, al combate de la evasión y a fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias, que generan los ingresos requeridos para la provisión de los servicios públicos. Estudios de impacto han demostrado que en América Latina la implementación de la factura electrónica tiene efectos positivos y significativos sobre la recaudación de impuestos.

Hallazgos de la auditoría  

Solo un 9,6% de los grandes contribuyentes nacionales (41 empresas) estaban haciendo uso del sistema de comprobantes electrónicos al 31 de mayo de 2018, según datos de la Dirección General de Tributación (DGT). Si bien este segmento de contribuyentes tiene plazo hasta el 1 de noviembre de 2018 para hacer uso obligatorio de la factura electrónica, a la fecha, la cobertura es baja si se considera que faltan pocos meses para que venza dicho plazo.

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Además, en el caso de la masividad de contribuyentes (contribuyentes de menor tamaño) al 31 de mayo de 2018, sólo un 28% de los profesionales liberales inscritos y que están obligados a emitir comprobantes electrónicos lo estaban haciendo.

Por otro lado, la DGT aún no usa y explota la información obtenida del sistema de comprobantes electrónicos, en labores de inteligencia y control tributario.

Según la CGR, el Ministerio de Hacienda carece de una estrategia o plan de acción oficializado, que permita garantizar la continuidad del sistema de comprobantes electrónicos. Y considera que existen debilidades en la formulación y evaluación del proyecto, en cuanto a la razonabilidad del precio, estimación de la demanda y ausencia de evaluación financiera y económico-social.

Escuche las declaraciones de la gerente del Área de Administración Financiera de la CGR.
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