- Vecinos afectados de Mar Azul aseguran haber agotado las vías administrativas sin obtener soluciones mientras persisten cuestionamientos sobre el actuar de la Municipalidad de Nicoya y otras instituciones competentes.
- En total se presentaron cinco amparos de legalidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo.
Tras casi un año de presentar denuncias, recursos administrativos y solicitudes de intervención ante distintas instituciones públicas sin obtener una solución de fondo, cuatro familias propietarias de inmuebles en el Condominio Mar Azul, en Nosara, escalaron las acciones legales y administrativas para exigir que las autoridades competentes resuelvan los procedimientos pendientes y hagan cumplir la normativa vigente.
En este sentido, se interpusieron cinco amparos de legalidad ante el Tribunal Contencioso Administrativo contra el ICE, ARESEP, AyA, la ASADA Santa Marta y la Municipalidad de Nicoya.
La decisión surge luego de meses de gestiones ante la Municipalidad de Nicoya y otras entidades estatales, donde los denunciantes aseguran haber aportado abundante evidencia sobre presuntas irregularidades relacionadas con el desarrollo del proyecto, sin que hasta la fecha exista una respuesta integral ni actuaciones definitivas sobre los hechos denunciados.
Las gestiones incluyen cuestionamientos por presuntas construcciones sin permisos, la aparente falta de ejecución de órdenes de clausura emitidas por la propia Municipalidad, así como consultas sobre el abastecimiento de agua y electricidad del proyecto. Según las familias, la ausencia de respuestas oportunas las llevó a concluir que la vía administrativa, por sí sola, ya no resulta suficiente para obtener una solución.
"Este caso dejó de ser únicamente un conflicto relacionado con un proyecto inmobiliario. Hoy refleja las dificultades que enfrentan muchos ciudadanos cuando cumplen con los procedimientos, presentan denuncias, aportan pruebas y, aun así, las respuestas institucionales no llegan o no se traducen en actuaciones efectivas", afirmó el abogado Alonso López Jiménez, especialista en Derecho Público y representante legal de las familias.
Según López, las familias nunca buscaron un trato preferencial ni adelantar conclusiones sobre la responsabilidad de ninguna persona o institución.
"Lo único que han solicitado desde el inicio es que las autoridades investiguen los hechos, ejecuten las actuaciones que correspondan y resuelvan los procedimientos dentro de un plazo razonable. En un Estado de Derecho no basta con abrir expedientes; las instituciones también tienen el deber de hacer cumplir sus propias decisiones", señaló.
El caso involucra competencias de distintas entidades públicas. Mientras la Municipalidad de Nicoya tiene la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de la normativa constructiva, otros aspectos corresponden al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Dirección de Agua, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) y otras autoridades, según la naturaleza de cada denuncia.
Para las familias, la preocupación ya trasciende el proyecto Mar Azul. Consideran que la ausencia de respuestas oportunas genera incertidumbre para quienes invirtieron de buena fe, afecta la confianza de la ciudadanía en las instituciones y envía un mensaje preocupante sobre la capacidad del Estado para hacer cumplir sus propias resoluciones.
En ese contexto, reiteraron que mantendrán e impulsarán las acciones legales y administrativas que sean necesarias hasta que las autoridades competentes emitan resoluciones de fondo y adopten las medidas que correspondan conforme al ordenamiento jurídico.
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