La Contraloría General de la República (CGR) aclaró hoy que rechazó múltiples objeciones y recursos presentados contra la licitación del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) para contratar servicios de enseñanza del idioma inglés mediante una plataforma virtual de autoaprendizaje, bajo la modalidad de cuantía inestimable y según demanda, que ganó Open English con RACSA.
Mariela Azofeifa, jefa de comunicación de la Contraloría remitió el documento que contiene todas las actuaciones ocurrida en sede contralora. Asimismo, indicó que:
El modelo de aprendizaje escogido por la entidad contratante es decisión y responsabilidad de la entidad contratante. La CGR no tiene rol competencial en dicha decisión, misma que debe basarse en su propia detección de necesidades y en un análisis de propuestas para resolver esa necesidad de aprendizaje realizada por la entidad promotora de la contratación.
Recursos de objeción contra Open English
Dos empresas —Edutech de Centro América S.A y Capacitación y Desarrollo Profesional Valdespe S.A— interpusieron recursos de objeción. Sin embargo, todos fueron rechazados de plano por falta de fundamentación, ya que no lograron demostrar con evidencia técnica que las condiciones limitaran la participación, fueran discriminatorias o imposibles de cumplir, ni que sus propuestas representaran mejoras sustanciales.
Posteriormente, en la etapa de apelación, la CGR confirmó la adjudicación al consorcio Say Pura Vida! by Open Education & RACSA (Open English). El recurso de Edutech de Centroamérica fue rechazado por falta de legitimación, al no lograr descalificar a oferentes mejor posicionados. Por su parte, la apelación de Valdespe fue declarada sin lugar, al concluirse que la revisión de precios en dólares es legal, que el modelo permite flexibilidad en la estructura de costos y que no se probó que la oferta adjudicada fuera inviable o incumpliera obligaciones laborales.
Finalmente, una gestión de aclaración presentada por Valdespe también fue rechazada. La CGR reiteró que, al tratarse de un contrato por demanda, no existen mínimos obligatorios de horas o personal, por lo que cada oferente puede definir su modelo operativo y costos según su propia eficiencia.
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