El comercio de productos falsificados o piratas ha aumentado en los últimos años. Incluso cuando los volúmenes comerciales generales se estancaron, y ahora representa el 3,3% del comercio mundial, según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico - OCDE y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.
El comercio de productos falsificados, que infringen las marcas registradas y los derechos de autor, genera ganancias para las bandas del crimen organizado a expensas de empresas y gobiernos.
Estas falsificaciones de productos de diversa índole como suministros médicos, piezas de automóviles, juguetes, marcas de alimentos, cosméticos y artículos eléctricos, entre otros, conllevan una variedad de riesgos para la salud y la seguridad.
La mayoría de los productos falsificados recogidos en los controles aduaneros se originan en China. En el país la industria que mayormente se ve afectada ante este problema son las marcas de prendas de vestir, calzado y joyería.
Consecuencias económicas
La piratería y falsificación supone una gran amenaza para numerosas actividades económicas, tanto a nivel nacional como internacional.
Según Guillermo Rodríguez, especialista en Propiedad Intelectual de Nassar Abogados, estas prácticas afectan el empleo, particularmente a los emprendedores que tienen que competir con productos de mala calidad, pero que son más baratos.
Cuando una marca es víctima de piratería, su titular sufre pérdidas económicas debido al número de productos que ha dejado de vender, transformándose en menos ganancias; además, su inventario puede perder valor o hasta dañarse.
De igual forma, el aumento de la oferta de mercancía pirata genera el descenso de empresas formales en funcionamiento, y las que aún operan, tienen un requerimiento menor de personal.
Otro efecto negativo es el deterioro de la reputación de la marca, que ocurre cuando el comprador piensa que el bien o servicio adquirido es el original y culpa de la mala calidad al dueño de la marca auténtica. A largo plazo, esto puede hacer que el producto salga del mercado debido a la disminución de los compradores.
Por otra parte, la falsificación de bienes genera la disminución de ingresos al Estado, pues los infractores no cancelan impuestos por la elaboración, importación, distribución y comercialización de sus productos.
Otra consecuencia es que se engaña al consumidor pues se le hace pensar que está adquiriendo un artículo de determinadas características cuando en realidad estas no se cumplen.
Ley de los Derechos de Propiedad Intelectual
Para quien sea encontrado culpable de cometer estas infracciones, la legislación establece sanciones que van desde multas calculadas en salarios base, hasta la pena de cinco años de prisión cuando se da con mercadería fraudulenta cuyo valor supera los 20 salarios base.
La manera en que pueden asegurarse las empresas que no están incurriendo en estos delitos y evitar las sanciones que establece la ley, es verificando los canales de adquisición de productos/servicios y siempre comprando a vendedores legítimos o autorizados, expresó Rodríguez.
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