El Comité Interinstitucional de Lucha Antitabáquica (CILA) del Ecuador denunció la implicación de la industria tabacalera en el comercio ilícito de cigarrillos en ese país sudamericano. Además acusó la acusó de intentar desmantelar políticas públicas de salud al intervenir en la tramitación de un proyecto de ley para controlar y sancionar el contrabando.
El presidente del CILA, Dr. José Ruales, rechazó categóricamente la argumentación del sector tabacalero en cuanto a que son los impuestos que gravan el consumo los responsables del contrabando de cigarrillos.
"Está perfectamente demostrado que no es así, que en la mayor parte de los países que incorporaron políticas fiscales de aumento de los impuestos, se ha reducido el consumo y no está relacionado de manera directa ni es la explicación a la existencia del contrabando. El contrabando en el país existe, no se lo puede negar, pero estamos mirando con mucha preocupación que la industria tabacalera tiene implicaciones serias y poco éticas en este problema", afirmó en conferencia de prensa.
Esfuerzo por la salud regional
En la actividad participó el subsecretario de Promoción de la Salud, Dr. Eduardo Zea, quien hizo una fuerte defensa de las políticas públicas para el control del tabaquismo, al igual que del Sistema de Identificación, Marcación, Autentificación, Rastreo y Trazabilidad Fiscal de Bebidas Alcohólicas, Cervezas y Cigarrillos (SIMAR), que es utilizado por la autoridad de impuestos ecuatoriana (Servicio de Rentas Internas -SRI) para el control fiscal y que es fuertemente atacado por los sectores privados que se perciben afectados.
También intervinieron expertos latinoamericanos en políticas de control del tabaquismo, entre ellos, el cardiólogo uruguayo Eduardo Bianco, coordinador regional de Framework Convention Alliance for Tobacco Control (FCA) y presidente del grupo de expertos sobre tabaquismo de la World Heart Federation (WHF); la economista colombiana Blanca Llorente directora de investigación de la Fundación Annás-Colombia, master en salud pública con énfasis en medio ambiente de la universidad de Londres; y el economista argentino Guillermo Paraje, profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile), Ph.D de la University of Cambridge.
Se trató de un esfuerzo regional para denunciar colectivamente el intento de interferencia y destrucción de políticas públicas de salud, que lleva adelante Philip Morris International (PMI) y sus afiliadas ITABSA, TANASA Y PROESA en Ecuador, a propósito de la tramitación del Proyecto de Ley Orgánica para la Prevención y Combate del Contrabando y Defraudación Aduanera de Mercancías.
Tabacalera pretende que gobierno ecuatoriano la indemnice
PMI pretende que se introduzca un articulado que le facilite indemnizaciones mediante una compensación tributaria descontable de los impuestos a pagar, por los supuestos daños que les causa el contrabando de tabaco, según lo planteó el gerente general de las filiales del PMI, Mauricio Sáenz, en carta entregada a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional.
"Con el objetivo de atacar y reducir el contrabando en los sectores más impactados en el Ecuador, mediante petición fundamentada del Comité Interinstitucional o cualquiera de los Ministerios de Finanzas o Producción, mediante Decreto Ejecutivo, el Presidente de la República podrá disponer la emisión de Bonos Tributarios en favor de las empresas nacionales que hayan sido altamente afectadas por el contrabando", dice esa carta.
Se agrega que "dichos bonos podrán ser utilizados por las empresas beneficiarias para el pago de cualquiera de los impuestos regulados por la Ley de Régimen Tributario Interno, sean propios, percibidos o retenidos".
También se pretende aniquilar el impuesto del 70% que grava al tabaco en Ecuador, por cuanto la carta dice que "con el objetivo de atacar y reducir el contrabando, las empresas beneficiarias deberán demostrar que la totalidad del valor obtenido como beneficio es destinado a la reducción del precio de venta al público de tales productos". Es decir, dejar inoperativa una política de salud que por la vía de los precios de los cigarrillos, busca desincentivar el fumado sobre todo en menores de edad y jóvenes.
Solicitan atender la salud pública en lugar de intereses de unos pocos
El Dr. José Ruales rechazó tajantemente esas pretensiones al referirse a cómo en la tramitación en el órgano legislativo (Asamblea Nacional) se presta atención a los requerimientos de aquella. "Se ha dado mucho espacio para escuchar al sector tabacalero y se lo considera en el contenido de los proyectos de ley como actor clave de la colaboración público-privada. Pero no se toma en cuenta a la autoridad sanitaria y a quienes representamos los intereses de la salud y de la vida de la población. Lo mismo que a las referencias proporcionadas por la Alianza Trasnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT, por sus siglas en inglés), sin considerar que es una entidad que tiene evidentes vínculos con PMI", afirmó.
Además de defender que "el SIMAR tiene avances muy importantes y pueden ser aplicados para la trazabilidad y el seguimiento de los productos importados, sin embargo, no se toman en cuenta estos avances nacionales". Ruales hizo hincapié en que más que escuchar las pretensiones de PMI, lo que corresponde es que los legisladores ecuatorianos entiendan y asignen importancia a las recomendaciones del CILA, que es el órgano al que le corresponde proponer medidas de control del tabaco y su reglamentación, dado que existe una veintena de entidades públicas que participan en dicho Comité.
"Se plantean comités interinstitucionales que dejan fuera a las instituciones participantes en el CILA, especialmente lo relacionado con el comercio ilícito de tabaco, donde las comisiones técnicas existen pero han sido descartadas por los legisladores. No se está aplicando la normativa constitucional y legal, el proyecto unificado de control del contrabando es importante, pero no se ha visto la convocatoria a la participación para escuchar la posición desde la salud pública", reclamó.
La implicación de la industria en el contrabando
La economista Tatiana Villacrés, docente e investigadora en economía de la salud de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, detalló y ahondó los vínculos que las tabacaleras podrían tener en el contrabando y en el comercio ilícito de cigarrillos, señalando que ello se sustenta en información obtenida en una investigación que está en fase final de elaboración.
"Los datos preliminares indican que los valores de comercio ilícito declarados por la industria tabacalera en Ecuador, son significativamente mayores a los estimados en nuestra investigación. Como dato interesante que se logró determinar, se estableció que Marlboro es la marca con mayor número de cajetillas que se comercializan de manera ilícita , a pesar de que estas mismas cajetillas cumplen con las características de que sean lícitas en Colombia y México. Esto quiere decir que son cigarrillos legales en países vecinos que no han pagado impuestos en Ecuador porque han ingresado como contrabando. Por lo tanto, se logra evidenciar que existe una evasión de impuestos mediante el ingreso al país de manera ilícita de productos Marlboro, así como de otras marcas que han sido producidos legalmente en países de la región y se comercializan de manera informal en el Ecuador", explicó.
Existe un cuestionamiento en cuanto a la responsabilidad de los productores de tabaco respecto al control de su propia producción regional, ya que estas prácticas desencadenan la disminución de ingresos para el Estado que permanentemente se requieren para contrarrestar los efectos en la población del consumo de tabaco.
"Para contrarrestar el contrabando es importante mejorar los controles que ya tenemos y que han sido ejemplo para los países de la región. En primera instancia, es indispensable perfeccionar nuestro sistema de trazabilidad (SIMAR) e incluir todos aquellos cigarrillos que son importados y exportados", afirmó.
Villacrés rechazó que los altos impuestos al tabaco originen el contrabando, como alega la industria.
"Las decisiones y las leyes deben basarse en evidencia científica fuerte, técnica y metodológicamente sustentada. La solicitud de la industria tabacalera de disminuir o compensar los impuestos para disminuir el contrabando, es un planteamiento que se ha probado carece de fundamento en investigaciones realizadas en muchos países, negando una correlación entre estas dos variables; adicionalmente el comercio ilícito se ha atacado exitosamente en países de altos impuestos resultando en un aumento de los ingresos fiscales y en una disminución del consumo, especialmente en edades tempranas", dijo.
Villacrés enfatizó el aporte financiero que los impuestos al tabaco y otras adicciones pueden entregar, por ejemplo, cuando el país necesita recursos para tratar las consecuencias de la pandemia, razón por la cual se debe impedir la interferencia de la industria en este proyecto de ley y no asignar responsabilidades a quienes están permitiendo el contrabando.
Conforme a datos aportados, el Ministerio de Salud ecuatoriano asignó alrededor de US$121 millones para atender la emergencia sanitaria causada por el Covid-19, en tanto que la recaudación impositiva por la venta de cigarrillos es de alrededor de US$194 millones anuales. Un aumento de tan solo un 25% en 10 años podría generar recursos por US$631 millones, cifra derivada del ahorro en gastos sanitarios y del aumento en la recaudación impositiva.
El aumento de los impuestos a los productos de tabaco es reconocida a nivel mundial -entre otros por la OMS, la OPS y el Banco Mundial- como la medida más costo-efectiva para reducir su consumo, sobre todo cuando se logran políticas fiscales sostenidas en el tiempo.
En 2011, Ecuador aprobó la Ley Orgánica para la Regulación y Control del Tabaco, logró una disminución del 55,4% del consumo en jóvenes de 13 a 15 años. Actualmente, cada cigarrillo paga US$0,16 de impuesto a los consumos especiales.
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Redacción
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