Por: Antonio Sauma Matamoros, Estudiante de Derecho
“El desarrollo consiste en transformar la vida de las personas y no solo la economía”, afirmó el economista y premio Nobel Joseph Stiglitz. Esto es, justamente, lo que dice el gobierno que está buscando con el proyecto de ley sobre la venta del Banco de Costa Rica (BCR). Sin embargo, promover el desarrollo es responsabilidad del Estado, y la relación funcional es estrecha entre crédito y desarrollo, por tanto, la orientación y el manejo del crédito -cuya naturaleza pública es indudable- son también inherentes a la acción estatal. En esta línea, la venta del BCR a una entidad privada podría tener consecuencias significativas tanto para el sector financiero como para la economía del país. A continuación, se asientan las bases sobre las consecuencias que podría traer la venta del BCR:
- Interés público: El Banco de Costa Rica tiene la responsabilidad de actuar en interés público y cumplir con los objetivos establecidos por el Estado. El artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, tiene como objetivo fundamental velar por la estabilidad monetaria y financiera del país, así como por el crecimiento económico y el bienestar social. Sin embargo, la venta a una entidad privada podría no garantizar el cumplimiento de estos objetivos y, en su lugar, se centraría en maximizar el beneficio económico para la entidad privada, generando una vulnerabilidad a las crisis financieras donde los bancos pueden estar más dispuestos a tomar riesgos financieros elevados para maximizar sus beneficios. Esto traería como consecuencia la vulnerabilidad de los sistemas financieros a las crisis, especialmente si los bancos no tienen una adecuada regulación y supervisión. Un claro ejemplo es Chile, que en la década de 1980, decidió privatizar sus bancos estatales y abrió su mercado financiero a la inversión extranjera, generando una mayor concentración del mercado bancario y un mayor riesgo de crisis económica. Otro ejemplo es Estados Unidos donde en la década de 1990, decidió aprobar leyes que permitían una mayor consolidación del sector bancario y la privatización de muchas instituciones financieras estatales que llevó a las misma consecuencias que Chile, teniendo en 2008, que intervenir para rescatar a varios bancos en dificultades, teniendo un costo significativo para los contribuyentes.
- Protección de los derechos de los usuarios: La Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional establece que las instituciones financieras deben actuar con diligencia y lealtad hacia sus clientes y garantizar la transparencia y la calidad en la prestación de servicios, donde la posible venta, podría generar lo contrario, poniendo en riesgo la protección de los derechos de los usuarios y la calidad de los servicios financieros prestados.
- Protección de la estabilidad financiera: La Ley de Entidades Financieras establece que estas deben operar de manera segura, prudente y deben tomar medidas para garantizar su solvencia y liquidez. Sin embargo, puede ponerse en riesgo si la entidad privada no cumple con estas disposiciones legales, estableciéndose una pérdida de control estatal sobre la política monetaria y la oferta de crédito. Los bancos privados pueden tener sus propios objetivos y prioridades, que pueden no coincidir con los del Estado, como los casos de Brasil y Perú en 1990 que realizaron préstamos incobrables, teniendo después que volver a nacionalizar algunos de los bancos que tuvieron dificultades financieras.
- Soberanía financiera: La vulneración del interés público en la privatización puede establecerse en un acceso limitado al crédito, especialmente para los grupos más pobres y marginados, ya que los bancos privados pueden centrarse en los clientes más rentables. Asimismo, podría generar menos financiamiento para programas sociales privatizando los fondos disponibles para financiarlos, ya que los bancos privados pueden estar más orientados a los beneficios que al bienestar social. Especial mención a la concentración del mercado donde unos pocos bancos controlan la mayor parte de los depósitos y préstamos, dando lugar a una competencia limitada y mayores tasas de interés para los consumidores. Tal y como sucedió con México en la década de 1990, que privatizó sus bancos estatales en un proceso conocido como el "Fobaproa", provocando una concentración del mercado bancario y una mayor exposición a los riesgos financieros, lo que contribuyó a la crisis financiera mexicana de 1994.
En general, la privatización de la banca ha generado una serie de consecuencias no solo económicas sino también jurídicas que requieren de la modificación de leyes y regulaciones existentes, llegando a conflictos legales y cambios en los derechos de propiedad, algunas de las cuales incluyen:
- Cambios en la regulación bancaria: Con la privatización de los bancos, las leyes y regulaciones tienen que ser modificadas para adaptarse a la nueva estructura de propiedad y control. Esto a menudo implica la creación de nuevas agencias reguladoras y la modificación de las leyes existentes para reflejar los nuevos riesgos y desafíos que surgen. Un claro ejemplo es Argentina, donde la privatización de los bancos estatales en la década de 1990 llevó a cambios en las leyes y regulaciones bancarias, incluida la creación de la Comisión Nacional de Valores o como en Chile, donde la privatización de los bancos estatales en la década de 1980 llevó a la creación de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
- Pérdida de control estatal: Con la venta de bancos estatales a inversores privados, los gobiernos pierden el control directo sobre estas instituciones financieras. Esto puede hacer que sea más difícil para los gobiernos cumplir con sus objetivos económicos y políticos a largo plazo, y puede aumentar la vulnerabilidad del país a las crisis financieras, tal y como ya fue expuesto.
- Conflictos legales: La privatización de la banca a menudo ha sido objeto de controversia, y en algunos casos ha generado conflictos legales. Por ejemplo, en México donde la privatización del banco estatal Banamex fue objeto de una disputa legal prolongada después de que el gobierno vendiera una participación mayoritaria del banco al grupo privado Inversora Bursátil, en 1991. La disputa se centró en la validez de los contratos firmados durante la privatización, siendo finalmente resuelto en 1998, con un acuerdo extrajudicial entre las partes.
- Cambios en el derecho de propiedad: La privatización de la banca ha implicado la transferencia de propiedad y control de los bancos de manos estatales a manos privadas. Esto ha tenido un impacto en los derechos de propiedad, tanto de los ciudadanos como del Estado, y ha requerido cambios en las leyes y regulaciones que protegen esos derechos.
La banca es considerada como un servicio público esencial, ya que es fundamental para el desarrollo económico y social de un país. La banca permite la movilización de los recursos financieros de la sociedad, canalizando los ahorros de los ciudadanos hacia la inversión y el crecimiento económico. Por lo tanto, debe existir un balance entre la banca pública y privada, donde no debería ser controlada en su mayoría por intereses privados, sino en manos del Estado para garantizar el interés público y la estabilidad financiera.
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