

Organizaciones de sociedad civil cuyo principal objetivo es luchar contra el cáncer, marcharon el martes 2 de julio desde el Parque Central hasta la Asamblea Legislativa.
Su petición era que los diputados Víctor Morales del Partido Acción Ciudadana (PAC) y Carlos Ricardo Benavides del Partido Liberación Nacional (PLN), no promovieran la aprobación del proyecto de Ley 20.923.
Este plan transferiría al Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) un 10% de los fondos recaudados por la Ley General de Control del Tabaco y sus efectos nocivos en la salud (Ley 9028), que le pertenecen al Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) y a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
Es decir, el ICODER obtendría un 20% de los fondos recaudados por la Ley Antitabaco, ya que sin la aprobación del proyecto 20.923, ya cuenta con un 10% de sus recursos económicos recolectados.
Entre las organizaciones que marcharon se encuentran: Asociación Nacional Segunda Oportunidad de vida (Anasovi), Tour Rosa, Asociación Metamorfosis, Fundación Mujeres en Rosa (Fundamuro), Fundación Elige Vivir, Fundación Nacional de Solidaridad Contra el Cáncer de Mama (Fundeso) y la Fundación Vida Nueva de Donación y Trasplantes.
Consulta Constitucional
La marcha dio sus frutos ya que lograron que el proyecto de Ley no ingresara a segundo debate. Esto ya que el diputado José María Villalta del Frente Amplio presentó una consulta ante la Sala Constitucional para que los magistrados se refieran a si las modificaciones supondrían una violación del derecho constitucional a la seguridad social y de la prohibición constitucional de desviar fondos de los seguros sociales.
Utilización de fondos
Según el Dr. Roberto Cervantes, gerente de la CCSS, es triste que los diputados del país discutan quitarle a la Caja y al IAFA, los recursos que son usados para la atención de pacientes, la formación de profesionales, la compra de equipos y la educación en las comunidades.
"Todos los recursos son usados de inmediato o se reservan para proyectos que están en marcha; con ellos se ha fortalecido el diagnóstico temprano de los cánceres más comunes en el país para dar mayor oportunidad de sobrevida o recuperación; entre ellos el de mama, de cérvix, de estómago, de próstata y piel", explicó Cervantes.
El gerente indicó que algunos fondos comprometidos no se presentan como ejecutados porque no han terminado su proceso de desarrollo, por lo que se ha dado a entender que no se usan, cuando ocurre lo contrario: "Están totalmente asignados a grandes compromisos que impactarán a los pacientes", enfatizó.
Clamor por mantener los fondos
Más de 15.000 personas han firmado una petición en Change.org para que los diputados eviten dar un destino diferente a los fondos recaudados por la Ley 9028.
Teresita Arrieta del IAFA, expresó que: “Los diputados no han contemplado que ya las instituciones tienen los recursos comprometidos con diversas contrataciones a empresas y que de aprobarse esta ley habría demandas millonarias contra sendas instituciones públicas, por incumplimiento de contratos. Además de la cantidad de población que se estaría dejando de atender”.
La Defensoría de los Habitantes también manifestó su oposición a la reforma; misma que externó Juan Manuel Cordero, director del Área de Calidad de Vida de la institución.
Proyecto
Los diputados aprobaron en primer debate el cambio a la ley, una acción que estas organizaciones e instituciones aseguran que se tomó con una base de informaciones falsas, entre ellas que los fondos no se están ejecutando y que los que sí se ejecutan, no se hacen de buena manera.
La Junta Directiva de la CCSS se presentó ante la comisión de diputados para exponer el trabajo realizado, sin embargo, 39 de ellos votaron a favor de la modificación.
"Estos fondos muchas veces se utilizan para intervenciones comunales impulsadas por la Organización Mundial de la Salud (OPS) que son novedosas y efectivas para la prevención; pues uno de cada tres casos de cáncer pueden evitarse si se adoptan hábitos saludables a lo largo de la vida", informó la Caja, mediante un comunicado de prensa.
El IAFA compartió a los diputados un criterio técnico que hace inviable la aprobación del proyecto de ley 20923:
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