
Catalina Crespo, quien fue Defensora de los Habitantes del 2018 al 2022, será nombrada como la nueva Embajadora de Costa Rica en Estados Unidos, este miércoles 15 de marzo.
El Canciller de la República, Arnoldo André, confirmó la decisión del Gobierno a través de un video, donde explica que eligieron a la exdefensora porque consideran que cumple con las cualidades profesionales y personales idóneas para ocupar el puesto.
“Tiene las cualidades para representarnos ante el Departamento de Estado, el Congreso, el Senado y las autoridades de la Casa Blanca. Creemos que reúne las condiciones para ejercer de la mejor forma el cargo que se le ha encomendado”, explicó André.
El puesto que ocupará Crespo estaba vacante desde octubre de 2022, cuando el Gobierno de Chaves cesó al entonces embajador, Fernando Llorca Castro, quien había sido nombrado en la administración de Carlos Alvarado.
Crespo por su parte, salió de la función pública en diciembre de 2022, cuando finalizó su nombramiento en la Defensoría de los Habitantes. Durante su estadía en esta institución, fue cuestionada por temas como la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), y cuando desapareció un audio grabado durante una reunión entre ella y Alvarado.
Diputado cuestiona nombramiento por cinco causas abiertas de Crespo
Antonio Ortega, diputado del Frente Amplio, cuestionó el nombramiento de Crespo como embajadora, principalmente porque según la Fiscalía General de la República, tiene cinco causas pendientes.
“Uno de los requisitos de la ley de servicio exterior, es que la persona que sirva a Costa Rica fuera del país, no tiene que tener causas abiertas y que tiene que pasar por un proceso de declaración jurada donde admita que no tiene causas”, comentó Ortega.
El congresista añadió que “si es así, es una muestra más de que este gobierno no solo ha continuado haciendo lo que juró que iba a eliminar: las ‘piñatas en las embajadas’. Costa Rica votó y quiso sacar la politiquería del servicio exterior y lo que hemos visto es que se sigue repitiendo”.
Ortega dijo que les interesa saber cuál fue el criterio o si se violentó el debido proceso y la propia ley del servicio exterior, por lo que piden una respuesta al Canciller.
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