La Contraloría General de la República (CGR) evaluó a través de una auditoría, la eficiencia en la asignación de los recursos del Programa Proteger del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), implementado ante la crisis provocada por el Covid-19.
El periodo que valoró la institución comprende desde el 1 de abril y hasta el 31 de julio, fecha en la que se había entregado el recurso a 533.689 personas, lo que representa el desembolso de ¢164.606 millones.
Sin embargo, de esa cantidad de beneficiados, entre un 10,3% y 20,7% son casos que reflejan niveles de riesgo de haber suministrado información errónea o inconsistente, una cifra que significa alrededor de ¢3.750 y ¢7.556 millones.
Errores de pago y del monto del beneficio
Como parte de la auditoría, la institución validó la afectación laboral y las condiciones de exclusión de cada uno de los solicitantes del bono, por lo que identificó personas que podían recibir el beneficio y no lo recibieron.
Al verificar si los beneficiarios recibieron el monto acorde a la afectación laboral registrada en la plataforma SICERE, la CGR identificó que al 20,4% de los que obtuvieron el bono se les pudo haber asignado uno de ¢125.000 y no uno de ¢62.500 como les correspondió.
Con esos datos se estima que se otorgaron ¢4.478 millones de más a dichos beneficiarios. Asimismo, según el informe, un 17,3% de los hogares que recibieron la ayuda, incluía entre dos y siete miembros que obtuvieron el bono.
En cuanto a la continuidad del Programa Proteger, 4.252 personas dejaron de recibir la transferencia monetaria sin justificación por parte del MTSS o del IMAS.
Contraloría solicita a jerarcas implementar medidas para recuperar dinero otorgado de más
Tras los resultados de la auditoría, el ente contralor emitió disposiciones a la ministra de Trabajo, Geannina Dinarte y al presidente ejecutivo del IMAS, Juan Luis Bermúdez, para que implementen medidas que permitan recuperar el dinero otorgado de más.
Asimismo, solicitó a ambas instituciones implementar acciones pertinentes para ejecutar los procesos de validación de la información de los beneficiarios que está en la base actual para el Bono Proteger.
La Contraloría también pidió adoptar medidas para quienes requieren empleo, con el fin de que puedan ser tomados en cuenta en programas vigentes de inserción laboral y capacitación.
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